Manola
Álvarez Sepúlveda
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el proyecto elaborado por el
ministro Arturo Zaldivar, relativo a la solicitud de amparo
de Florence Cassez: cuatro ministros dijeron que habían violaciones graves al
debido proceso; dos estaban porque esto llevara a la inmediata liberación de la
ciudadana francesa; uno porque se regresara el caso al tribunal colegiado y se
desestimaran las pruebas que fueron influenciadas por el montaje televisivo que
todos aceptaron como un hecho; uno más, el ministro conservador catalogado así
por sus determinaciones, consideró que no debía otorgársele, y Jorge Pardo se
opuso a que la acusada fuera amparada señalando que el montaje televisivo era
un acto reprobable y que deberían ser sancionadas las autoridades que
permitieron esa violación a la ley.
La
defensa de Cassez en Francia ya interpuso una denuncia penal contra Genaro García
Luna. Solamente el vocero del PAN y de Josefina Vázquez Mota, Javier Lozano,
declaró que las violaciones eran administrativas y que deberían castigarse
conforme a las normas internas, pero nada más; también dijo que conocía a
García Luna y sabía que el presidente no le pediría su renuncia. Con estos
colaborares para qué quieren enemigos la candidata y el PAN.
Como
consecuencia de esta votación se pospuso la resolución hasta que la ministra
Olga Sánchez Cordero realice un nuevo proyecto de sentencia y se vuelva a
discutir en la Primera Sala. Si hubieran sido tres votos en cualquier sentido
se hubiera concedido o negado el amparo. El nuevo proyecto, para el que no
existe término, posiblemente presentará una nueva alternativa para que
otorgándosele el amparo se revise el procedimiento y se desestimen todas las
pruebas que fueron inducidas, lo que le daría una amplia posibilidad de salir
en libertad, pues sólo quedaría vigente el testigo más cuestionado, el que en
un principio dijo que lo había secuestrado su suegra, el mismo que no reconoció
a Florence, el que después dijo que del pasamontañas que usaba escapó un riso
aparentemente rubio y que era de ella, el que posteriormente declaró que le
inyectó el dedo para anestesiarlo, huella que, como ya dijimos, el perito
determinó que se trataba de un lunar y no de una cicatriz. Bueno pues ese es el
testigo que quedaría contra el cual existen antecedentes en contra.
Como
dato curioso debo señalar que un juez de Distrito acaba de ordenar la libertad
de los integrantes de la banda de secuestradores a la que supuestamente
pertenecía Florence. El fundamento fue la falta de pruebas, pues Cristina (la
ama de llaves de Margoli) se contradijo en todas las ocasiones que estuvo
frente al juez. Esto lo manifestaron a Carmen Aristegui las periodistas
francesas que siguen el caso.
Se
espera que el nuevo proyecto esté listo después de las elecciones
presidenciales para eludir la intervención abierta del presidente Calderón, quien
tanto públicamente como por medio de enviados presionó para que se votara en
contra del amparo. Esto apunta a que el nuevo Presidente permitirá que se
cumpla con la ley, como se lo dijo el ministro Silva Meza: la ley no se cumple
a capricho, respeto a las instituciones. “Los jueces estamos dispuestos a ver
siempre por el interés superior, a poner por delante el bienestar de todos, a
corregir a costo presente las desviaciones y los abusos del poder que desborden
los causes constitucionales. Eso nos manda la Constitución y eso, nada más eso,
haremos.”
Montaje en Puebla
En
Puebla ha sucedido el mismo tipo de montaje. Por ejemplo: cuando gobernaba
Mariano Piña Olaya encontró que el entonces rector de la Universidad Autónoma
de Puebla, Samuel Malpica Uribe, le estorbaba para controlar a esa casa de
estudios. Usaron una denuncia de su esposa para aprehenderlo. Y una vez en la
cárcel le fabricaron todo un expediente para juzgarlo por peculado.
En
virtud de la inconsistencia de la denuncia, se solicitaron innumerables amparos
ante la justicia federal y todos se ganaron, pero una vez que se notificaba una
resolución, el gobierno buscaba una nueva forma de retenerlo. Fue hasta que
cambió el titular del poder Ejecutivo cuando se le dejó en libertad. Hablé con
el gobernador Manuel Bartlett y después
de explicarle el caso, me dijo: “Yo no puedo intervenir porque es un
juicio iniciado por mi antecesor, pero le prometo que si ganan otro amparo, no
me opondré”. Y en efecto así fue: al ganar el nuevo amparo se nos avisó que
podíamos hacer los trámites para la libertad de Malpica. A él lo reintegraron a
su puesto en la Universidad y le pagaron salarios caídos y a la juez del caso
se le premió con la magistratura. Cosas de la vida.
Como
ven no son extraños los montajes para castigar a inocentes, circunstancia que
tiene ya la vigilancia de la sociedad. Por ello el gobierno de Moreno Valle
debe tener cuidado con las actuaciones de sus policías, pues se comenta que el
Procurador trajo de México elementos que acostumbran utilizar métodos ilegales para obtener confesiones.
El
caso de la activista Agnes, podría causarle serios problemas dado que está en
entredicho si se torturó a las jóvenes estudiantes que dieron informes sobre
los asesinos y si el móvil fue el robo de un automóvil, como lo ha manifestado la
Procuraduría, argumento que no explicaría las marcas de tortura que se
encontraron en el cadáver.
La
sociedad ya no tolerará más montajes y exige se castigue a los responsables de
violar la ley y el debido proceso, así sean amigos del presidente o de los
gobernadores.
